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Justicia reanuda la tramitación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia

El Ministerio de Justicia hizo público ayer, a través de su página web, que ha reanudado la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia y las de descendientes de sefardíes, trámites que quedaron interrumpidos por el decreto que impuso el estado de alarma.

Esta decisión ha tenido muy buena acogida entre los profesionales del sector y los interesados, como es natural, y creo que debería extenderse al conjunto de expedientes administrativos, por su puesto a los de extranjería, pero también a otros. Es decir, si las medidas impuestas para luchar contra la pandemia no precisan el cierre de la actividad interna de los órganos administrativos ¿qué razón hay para no continuar con su tramitación cuando no sea necesaria la comparecencia del interesado?

Una noticia como esta, que refleja una decisión racional y de sentido común, debería haber pasado desapercibida si no fuera por el regusto a cierto cinismo que nos produce a los profesionales de extranjería el hecho de que la nota no mencione al enorme elefante que hay en la habitación. Ese elefante es el fiasco del traspaso de los expedientes de papel a expedientes telemáticos que, desde 2017, ha generado un retraso en la tramitación de esos expedientes que en muchos casos ha llegado a duplicar, e incluso triplicar, el plazo medio de tramitación que, en aquel momento era de dos años.

De este modo la noticia del Ministerio de Justicia, aunque bienintencionada, no nos parece que llegue a impedir ningún efecto impactante en esos expedientes, ya que la suspensión impuesta por el estado de alarma ni de lejos va a tener tanto impacto como la gestión de ese traspaso que ha dejado, aún hoy, expedientes de 2016, 2017 y 2018 sin resolver.

Aún con todo, la noticia debe ser bien acogida. La acción es siempre bienvenida y por eso aún tenemos la esperanza de que la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antes de Registros y del Notariado, acabe pronto con esta pesadilla que afecta a cientos de personas y también al interés general, como reconoce la resolución de Justicia.

 

 

Jose Vicente Gracia

Alegato.es

Socio APAEM

Abogado ICAM 82776

 

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