Menú Cerrar

Año 2019 y extranjería

Durante los últimos años España ha visto como muchos extranjeros, ya sea por ser el destino preferido, ya sea por las razones de protección internacional, ya sea por otros motivos, se han querido establecer en España. Ello ha generado un colapso del sistema de la administración de Extranjería, suponiendo un grave retraso de la resolución de los expedientes presentados, modificando la gestión de determinados trámites para peor, y generando al extranjero una situación insostenible de tener que encontrarse con los documentos caducados durante un tiempo largo, lo que le generaba importantes consecuencias jurídicas ante otras instancias y en otros ámbitos (laboral, banca, sanitario).

Así, el año 2019 ha sido un año complicado para nosotros, los abogados de Extranjería,pero más aún, para los mismos extranjeros.

El comienzo del año 2019 trajo buenas noticias, la Administración consiguió reducir el tiempo de trámites de casi todos los procedimientos, desde las renovaciones hasta los procedimientos excepcionales de arraigo, que en el año pasado, llegaban a durar aproximadamente 8 meses. Sin embargo, llegando el verano, no se gestionó correctamente el examen y la resolución de las  solicitudes, ya que, desde el momento de la presentación la tardanza en resolver los expedientes comenzó a aumentarse hasta llegar a tiempos tan inusuales como más de 4 meses para una renovación del permiso de residencia y trabajo; más de medio año para un procedimiento de reagrupación familia o para regularizar a los menores, a pesar de que los dos últimos son considerados como procedimientos preferentes y el tiempo de su trámite ha de gestionarse en la mitad del tiempo previsto (45 días, según la legislación vigente).

Así, la principal consecuencia de ello, por ejemplo, del retraso de la renovación del permiso, se ha visto en la presentación de la tarjeta de residencia caducada en el trabajo y en las entidades bancarias. Numerosas personas han visto cerradas/congeladas sus cuentas bancarias, con la imposibilidad, así, de disponer de su dinero. A pesar de que, según la normativa, la solicitud de la renovación presentada en plazo, prórroga la validez de la tarjeta, las entidades bancarias no admitían el documento que justifica la solictud de la renovación, solicitando, en todo momento, la tarjeta en vigor.

Es imprescindible, para el gobierno introducir políticas de formación de las entidades bancarias en conocimientos básicos de extranjería, ya que, debido a la normativa de blanqueo de capitales los extranjeros se ven perjudicados gravemente por el desconocimiento de conceptos tan sencillos como documentación que es posible de aportar para acreditar la estancia legal de una persona que no tenga nacionalidad española o comunitaria.

Con respecto al ámbito de protección internacional y asilo, se han producido mayores complicaciones.  Los solicitantes de asilo  están viendo como las colas han llegado a crecer de forma desorbitada, pasando horas solo para que sean atendidos, para obtener un documento que justifique, por lo menos, que están protegidos bajo ese régimen. Sin embargo, la cita para obtener el documento «tarjeta roja» solo se puede obtener por internet y solo para dentro de un tiempo aproximado de unos 8 meses, lo que implica que las personas seguirán quedándose con el documento caducado, lo que, igualmente, les repercutirá en el ámbito laboral, así como para con respecto a las entidades bancarias.
Es importante resaltar que el Gobierno de España ha tomado la desicion de documentar a todos los ciudadanos venezolanos con la protección internacional subsidiaria, pero, sin embargo, la forma de gestionarlo es que primeramente han de pasar por todo el trámite, como cualquier otro solicitante de asilo, y posteriormente, al verse la solicitud denegado, solicitar la correspondiente autorización. Es inexplicable, el porque no se ha establecido la posibilidad para dichos ciudadanos de solicitar dicha protección de forma inmediata, ya que ello acabaría con el colapso de las citas para dicho trámite, de la gestión de las tarjetas rojas o las interminables colas, asimismo, dejando a la Administración que avancen en los trámites que llevan actualmente más retraso.

Otro asunto importante referente a las solicitudes de asilo  y procedimiento por circunstancias excepcionales, es el cambio en el criterio (no reflejado en ninguna disposición legal ) de la no aceptación de la solicitud de ningún otro permiso, sin antes desistir de la solicitud de protección internacional.
La consecuencia más inmediata se ha visto en que las personas que cumplían, por ejemplo, con los requisitos de un procedimiento de arraigo, encontrándose trabajando para una empresa, tenían que desistir de dicho procedimiento, por tanto, perdiendo su trabajo, para iniciar una nueva solicitud de otro procedimiento buscando a una empresa que vaya a esperarles durante el tiempo de duración del permiso (actualmente unos 6 meses) para contratarle después; evidentemente la opción no más eficiente, generando incluso situaciones de relaciones laborales bajo la economía sumergida.

Por otra parte, pero relacionándolo con lo anterior, desde hace unos años, desde que se está dando esta situación en el territorio español de la numerosas solicitudes de protección internacional, muchos de los abogados de extranjería nos preguntamos por el otro procedimiento denominado «Arraigo laboral» y porque la situación de la persona de solicitante de asilo, que habiendo permanecido en el territorio español por un tiempo superior a 2 años y habiendo acreditado la relación laboral con una empresa por un periodo superior a dos años, a traves, por ejemplo, de una vida laboral, tendría aceptarse como suficiente para solicitar el permiso. Actualmente la interpretación restrictiva de la norma relativa a dicho trámite exige que la acreditación de la relación laboral sea través de un acta de inspección o bien, de una sentencia judicial. Si bien, hace años, no era posible que se pensará jna situación diferente, ya que una persona en situación irregular que trabaja para una empresa sin el alta correspondiente, no podría acreditar dicha relación si no fuera reconocida en un procedimiento judicial, la realidad actual es muy diferente, ya que las personas titulares de la tarjetas rojas tienen el derecho de trabajar y pueden acreditar el cumplimiento del requisito del trabajo de forma oficial, simplemente aportando una vida laboral.
Recordemos, esas personas ya están trabajando ya están encontrándose en el territorio español, por tanto, estas personas solicitarán el permiso de residencia y trabajo definitivas a los 3 años, y hacerles esperar un año más, únicamente empeora la situación de los trabajadores y de la empresas que los tiene empleados por los retrasos en los cambios de las tarjetas rojas.

Otro gran problema del que se ha hablado muchisimo es el problema de la citas para la presentación de las solicitudes. Se hace evidente que las citas no son suficientes, lo que genera una situación de abuso del sistema, de situaciones de «venta» de las citas, así como una situación insostenible tanto para el extranjero, como para los abogados como para la propia administración. Una posible solución sería posibilitar la presentación de las solicitudes inicales de forma telemática, descargando a los funcionarios del trabajo de recepción de los documentos y así, pudiendo emplear dicha mano de obra para acortar los plazos de la resoluciones de los trámites.

Asimismo, no se puede dejar de hablar de la normativa sanitaria, la llamada Sanidad Universal Gratuita. Será por primera vez de todo el gobierno democrático español, cuando ante la existencia de la normativa que permite el disfrute de estos derechos a todas las personas, ya sean españoles, extranjeros residentes o no residentes, la normativa no se aplica y tales derechos son reiterativamente incumplidos. Es importante recordar que sin embargo, la normativa española sobre el derecho de sanidad universal y gratuita fue modificada en el año 2009 estableciendo una serie de requisitos para poder acudir a los servicios públicos, sin embargo, incluso en esa época, a ninguna persona se le dejaba de atender, sino que en práctica, la diferencia implicaba que no se emitía la tarjeta física como a cualquier otro titular del derecho, sino únicamente se entregaba un documento que justificaba que la persona podía utilizar los servicios básicos. Ahora bien, habiéndose cambiado la normativa y volviéndose declarado otra vez la sanidad universal, a los extranjeros en reiteradas ocaciones se les deniega su derecho de incluso tener esa hoja y por tanto acudir a su médico de cabecera, no emitiendo la tarjeta sanitaria o emitiendo la factura por los servicios prestados, todo ello a pesar de la existencia de la norma que da derecho a la sanidad universal pública y gratuita.
Para concluir, solo quiero hacer una reflexión: la administración es un organismo grande y muy rígido, pero necesita de forma urgente adaptarse a las nuevas situaciones de una forma eficiente, aprovechando las nuevas tecnologías y la normativa sobre la administración electrónica, puesto que solo de esta manera se podrán resolver los problemas de atasco y retrasos generados en el ámbito de Extranjería.

Lilia Mykolayiv

Socia APAEM

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *